La Corte Suprema de Justicia (CSJ) volvió a frenar un intento de diputados de la coalición Vamos para tumbar las facultades extraordinarias concedidas al contralor general, Anel “Bolo” Flores, mediante un reglamento aprobado en septiembre de 2025.
El pleno decidió no admitir una segunda demanda de inconstitucionalidad presentada contra la Resolución N.° 3126-2025-Leg/PJ, que reglamenta las medidas precautorias que puede adoptar la Contraloría General de la República cuando detecte irregularidades relacionadas con fondos y bienes públicos.
La decisión se conoció mediante un edicto fijado el 1 de septiembre de 2026 y tuvo como ponente a la magistrada Ariadne García. De acuerdo con lo informado, el recurso no superó la etapa de admisión debido al incumplimiento de requisitos establecidos en el artículo 384 del Código Judicial, relacionados con la forma en que deben exponerse los hechos que sustentan las pretensiones.
Entre otras exigencias, la norma requiere que los hechos sean presentados de manera ordenada, clara, precisa y, en la medida de lo posible, siguiendo una secuencia cronológica.
Vamos cuestiona las facultades de la Contraloría
La acción fue presentada por los diputados Janine Prado, Yamireliz Chong, Luis Enrique Duke y Alexandra Brenes, quienes alegaron que el reglamento vulnera los artículos 280 y 281 de la Constitución.
El punto de choque está en las facultades que el reglamento reconoce a la Contraloría para adoptar medidas sobre el patrimonio de funcionarios, agentes de manejo y otras personas vinculadas a irregularidades investigadas.
La Resolución N.° 3126-2025-Leg/PJ fue emitida el 23 de septiembre de 2025 y publicada en la Gaceta Oficial el 30 de septiembre. El reglamento contempla medidas como suspender pagos y salarios y adoptar acciones precautorias sobre bienes o fondos para proteger los intereses públicos.
Para los diputados demandantes, esas atribuciones van más allá de las funciones constitucionales de fiscalización de la Contraloría.
Segundo revés en la Corte
No es la primera vez que una acción de Vamos contra este reglamento queda fuera sin llegar a un pronunciamiento sobre el fondo.
El 15 de octubre de 2025, diputados de la coalición acudieron a la Corte para presentar una demanda contra la misma resolución, cuestionando facultades como el secuestro de bienes y la suspensión de salarios.
Ese recurso tampoco fue admitido. La decisión fue conocida en febrero de 2026 y estuvo bajo la ponencia del magistrado Carlos Vásquez.
