El presidente Laurentino Cortizo sancionó el pasado 26 de noviembre la Ley No. 258, que le regresa a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la facultad de investigar administrativamente a funcionarios, como ministros y el contralor general de la República.
La nueva norma fue publicada el 26 de noviembre en la Gaceta Oficial No. 29424-C y restablece la vigencia del literal b del numeral 2 del artículo No. 86 del Código Judicial.
De acuerdo con la ley, los magistrados de la Corte tendrán la facultad de atender las causas por delitos comunes o faltas cometidas por los ministros de Estado, el Procurador General de la Nación, el Procurador de la Administración, diputados de la Asamblea Nacional, el Contralor General de la República, y los magistrados del Tribunal Electoral, o cometidos en cualquier época por persona que al tiempo de su juzgamiento ejerza alguno de los cargos mencionados.
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La ahora ley, conocida como proyecto de ley 733, fue aprobada por el Pleno de la Asamblea Nacional en tercer debate el 29 de octubre. La norma le resta competencia a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) y a la Procuraduría General de la Administración, para atender las faltas de los altos funcionarios.
La iniciativa fue presentada por el diputado del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD), Roberto Ábrego, el pasado 20 de octubre y aprobado en primer debate el miércoles 27 de octubre.
