Odila Castillo era abogada en la Contraloría General de la República y en 2018 se convirtió en presidenta de la firma Palacios Vásquez y Asociados, donde Zenia Vásquez era la socia principal. En 2020, Gerardo Solís asumió como contralor, y Vásquez se volvió secretaria general. Mientras tanto, Odila se sumó a trabajar con ella en la Contraloría. Mientras ambas ocupaban sus cargos públicos, Odila empezó a buscar clientes para su firma, muchos de ellos contratistas del Estado. Tenía contacto directo con el contralor Solís y, especialmente, ella gestionaba reclamos de sus clientes sobre contratos afectados por la pandemia. En 2021, su firma ganó casi $750 mil, un gran salto comparado con los $21 mil de 2020. En 2022, los ingresos subieron a $2 millones, y en 2023 llegaron a $10.8 millones. Para entonces, Odila ya había comprado la firma y comenzó a adquirir propiedades en Panamá y Chiriquí, incluyendo un apartamento en Buenaventura. Entre sus compras, destacan once apartamentos valorados en $2.1 millones, un penthouse de $1.2 millones y un local comercial en David. También tiene cuentas bancarias con cientos de miles, si no millones, y su nuevo bufete, ahora llamado Castillo Guardia & Asociados, tiene un patrimonio de más de $8 millones. Además, ha hecho gastos lujosos con sus tarjetas de crédito, incluyendo ropa de diseñador y actividades costosas, sumando casi un millón de dólares.
En 2022, coincidió en viajes a Punta Cana y Miami con Carlos Allen, un empresario contratista del Estado, de quien compró varios apartamentos.
Luego, en 2023, ambos coincidieron en Denver, aunque el contralor Solís dice que nunca se reunieron.
Información se prensa.com
