El contrato para construir un puerto en Isla Margarita, cancelado en su momento por incumplimientos, fue resucitado gracias a gestiones de alto nivel que involucran a figuras del gobierno pasado, grandes fondos de inversión y ahora, conflictos legales internacionales.
De la cancelación al olvido público
En junio de 2021, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) decidió cancelar el contrato con Panama Colon Container Port Inc. (PCCP) tras detectar serios incumplimientos: obras paralizadas, falta de pago y cero sanciones aplicadas. La orden era clara, pero algo cambió.
Imagen de La prensa Mientras el país centraba su atención en otro contrato portuario, la cancelación del proyecto en Isla Margarita pasó desapercibida. Eso abrió la puerta para que, lejos de desaparecer, el contrato comenzara a revivir en las sombras.
Viaje a Nueva York y el cambio de rumbo
En septiembre de 2021, durante un viaje oficial a Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU, el entonces presidente Laurentino Cortizo se reunió con ejecutivos de Notarc Management Group (NMG). Lo que parecía un simple encuentro se convirtió en el punto de quiebre para el proyecto.
Días después, Cortizo participó en la presentación del “Panama Development Fund” junto a NMG y Fuel Venture Capital Partners, aunque no se informó oficialmente de qué se habló sobre Isla Margarita.
Nueva promesa, nuevo operador
En abril de 2022, la AMP recibió la solicitud oficial de Dion Bowe, CEO de NMG, para revocar la cancelación. A cambio, prometió saldar deudas, crear más de 1,300 empleos e invertir $1,000 millones. Además, ofreció un operador de renombre.
Así fue como entró en juego Mediterranean Shipping Company (MSC), que se integró al proyecto a través de su filial Terminal Investment Limited. Poco después, en mayo de 2022, se firmó el acuerdo formal en Panamá ante las miradas de autoridades nacionales y ejecutivos de las empresas involucradas.
Aprobación exprés y sospechas
En octubre de 2022, el Consejo de Gabinete aprobó las adendas al contrato de forma rápida y sin cuestionamientos. Solo 13 días después, la Asamblea Nacional también dio luz verde. Con la firma del presidente Cortizo, el contrato quedó renovado hasta 2042.
Sin embargo, no todo salió según lo prometido. Las obras no arrancaron y la situación se fue tornando turbia.
Demanda en EE.UU. y críticas del nuevo gobierno
En febrero de 2024, Landbridge Port Services, antiguo socio de PCCP, presentó una demanda en Delaware (EE.UU.) alegando despojo de su participación en el proyecto. La disputa escaló con acusaciones de enriquecimiento ilícito, conspiración y apropiación indebida.
Al asumir el poder en 2024, el presidente José Raúl Mulino no se guardó nada y calificó el contrato como “mal otorgado”, avivando aún más las dudas sobre el polémico proyecto.
Venta en proceso y más incertidumbre
Como si fuera poco, en medio de la controversia, surgió otro giro. Según un comunicado enviado por la firma Cavalry Strategies, Notarc estaría vendiendo su participación en PCCP a un misterioso fondo llamado United States Strategic Fund.
El mensaje incluso sugiere que los antiguos concesionarios tenían vínculos con el Partido Comunista Chino, aunque este dato no ha sido confirmado.
Desde la AMP aseguran no estar al tanto oficialmente de la transacción y solicitaron copia del comunicado.
Una historia sin final
Lo que inició como un proyecto fallido se ha transformado en un enredo de contratos, promesas rotas, disputas legales y cambios de dueño. Isla Margarita sigue sin su puerto prometido y, mientras tanto, los protagonistas de este drama siguen escribiendo capítulos que aún no terminan.
