El Estado panameño, dueño de vastos terrenos, paga cada año millones de dólares por alquilar lo que le pertenece. Así como la Autoridad Nacional de Aduanas, el Metro de Panamá, SA también desembolsa cifras millonarias por arrendar terrenos que, irónicamente, son propiedad del mismo Estado.
Aduanas: un alquiler millonario por usar terrenos públicos
Un reciente informe de La Prensa reveló que la Autoridad Nacional de Aduanas paga anualmente $700,363.45 a la empresa Panama Canal Railway Company (PCRC) por el alquiler de varios locales en Ancón, terrenos que son propiedad del Estado , gracias a una concesión otorgada en 1998. Un acuerdo que genera más preguntas que respuestas sobre la eficiencia de estos pagos millonarios.
El Metro de Panamá: ¿por qué pagar alquiler por lo que ya es suyo?
La situación no es distinta para el Metro de Panamá. Desde 2013, el contrato de arrendamiento con PCRC sigue vigente, y en 2015, cuando el Metro se formalizó como entidad independiente, el acuerdo continuó. El contrato cubre tres lotes en Curundú, donde operan oficinas, patios y talleres de la Línea 1, con un costo de $2.9 millones, lo que implica un pago anual de más de $1.4 millones. Entre 2013 y 2024, el Estado panameño habrá pagado más de $15 millones.
¿Un modelo obsoleto?
El Metro asegura estar al día con sus pagos, pero no ocurre lo mismo con Aduanas, que ha tenido que recurrir a una transferencia de $3.5 millones para saldar una deuda con PCRC. En 25 años de concesión, PCRC solo ha aportado $55 millones al Estado, mientras que las entidades públicas deben seguir pagando alquileres por terrenos que forman parte del acuerdo. Y la situación empeoró: en 2024 se prorrogó la concesión por 25 años más, manteniendo las mismas condiciones.
Un contrato que huele mal
El diputado independiente Augusto “Tuto” Palacios criticó duramente el contrato, destacando que, mientras en 1998 los puertos manejaban apenas 600 mil TEUs, hoy superan los 8 millones. Con una inversión de más de $5 mil millones en la ampliación del Canal, es casi un insulto que el Estado siga pagando alquiler por lo que ya posee. “Estamos concesionando y luego pagando alquileres. En 25 años solo nos dieron $55 millones, y ahora tenemos que pagarles $3.5 millones en alquileres. Esto es un atraco”, concluyó Palacios.
Voces en contra
El diputado Betserai Richards, también de la bancada de Vamos, se unió a las críticas, calificando las concesiones como un “autosabotaje en detrimento de la nación”. Según Richards, estos acuerdos negligentes están costando.
Con información de prensa.com y Ohigginis Arcia Jaramillo
