Odila Castillo Bonilla, quien en 2019 trabajaba como asesora jurídica en la Contraloría General de la República, ha experimentado un cambio radical en su vida tanto profesional como financiera. Castillo es ahora propietaria de múltiples propiedades de lujo en Panamá, incluyendo una docena de apartamentos, un penthouse en Santa María y un local comercial en David, provincia de Chiriquí.
Su éxito se atribuye a su especialización en derecho administrativo, particularmente en las controvertidas “cláusulas de equilibrio contractual” que se utilizan en los contratos del Estado panameño. Gerardo Solís, su antiguo jefe y actual contralor, ha elogiado públicamente su conocimiento en esta área, afirmando que Castillo fue clave para desbloquear litigios relacionados con la construcción de la Ciudad de la Salud.
Sin embargo, su ascenso ha suscitado interrogantes sobre la legitimidad de sus ingresos. A pesar de que Solís mencionó que menos de diez adendas por “equilibrio contractual” han sido aprobadas bajo su gestión, el patrimonio de Castillo sugiere que sus honorarios legales podrían ser exorbitantes.
Además, hay preocupaciones sobre posibles conflictos de interés, dado que varios familiares y asociados de Castillo han trabajado en la Contraloría. Tal es el caso de Kristel Cousins, quien entró a la institución en abril de 2020, con salario de $1,300 mensuales; también Frank Montero (mayo de 2021) y Kevin González (septiembre de 2023), quienes, salvo uno de ellos, han recibido aumentos salariales a pesar del corto tiempo que llevan o llevaron en la institución, así como la permanencia en el cargo.
Cousins, a propósito, comenzó a aparecer como dignataria en varias sociedades de Castillo, junto con la madre de Odila Castillo, María Bonilla. La mayoría de estas sociedades están vinculadas a la compra de inmuebles que ha hecho la hoy millonaria abogada.
La relación entre Castillo y Solís es más cercana de lo que parece; ambos han mantenido vínculos profesionales incluso después de que ella dejó la Contraloría. Castillo también adquirió un bufete de abogados (Palacios, Vásquez y Asociados) anteriormente dirigido por Zenia Vásquez, quien ocupó un cargo alto en la misma institución. Esta conexión ha generado más preguntas sobre la ética detrás de sus operaciones comerciales y su rápida acumulación de riqueza.
El 31 de mayo de 2018 se celebró una reunión en la que Castillo ingresó formalmente a la firma forense, convirtiéndose así en la segunda socia, junto con Vásquez.
Dos semanas después de convertirse en secretaria general de la Contraloría, Vásquez renunció —en papel— a su bufete: el 17 de enero de 2020, al mismo tiempo que se incorporó una nueva socia a la firma: la comadre, paisana y por entonces compañera de Castillo en la Contraloría, Judith Guardia. Aunque la renuncia de Vásquez se haría efectiva desde el 17 de enero de 2020, su inscripción en el Registro Público no se realizó hasta casi dos años después, el 17 de noviembre de 2021, por lo que, técnicamente, Vásquez y Castillo continuaron siendo socias en el bufete, gracias a esta “omisión”, que duró 22 meses.
Contrario a lo que se esperaría, Castillo no dejó la Contraloría tras convertirse en socia de una firma que tramitaría negocios con proveedores del Estado y que, además, pertenecía a un superior de alto nivel. Sin embargo, la secretaria general de la Contraloría estaba tan a gusto con la situación que ella misma gestionó contratos laborales para su socia en la Contraloría. Incluso, Vásquez posteaba fotos con Castillo en sus redes sociales, varias de ellas muy alegres en su propia oficina en la Contraloría.
A pesar de los cuestionamientos y las investigaciones en curso sobre sus actividades financieras, Castillo ha optado por no responder a las solicitudes de información sobre su situación actual y sus negocios.
(Con información de Rolando Rodríguez de Prensa.com)
