La renovación del contrato de la empresa Aguaseo para la recolección de basura en Colón no depende del alcalde, sino del Concejo Municipal, afirmó este lunes el representante legal de la compañía, Harley Mitchell. Según el abogado, cualquier prórroga debe ajustarse a la Constitución y a la normativa municipal y pasar por la aprobación de los concejales.
Mitchell recordó que el contrato vigente con Aguaseo tiene validez hasta 2027 y que, por ahora, lo que existe es una solicitud formal de prórroga que el Concejo debe evaluar. Explicó que, una vez el Concejo tome un acuerdo municipal, corresponderá al alcalde sancionarlo, en un procedimiento comparable al que existe entre la Asamblea Nacional y el presidente de la República.
Actualización del servicio y compromisosEl abogado dijo que la propuesta de Aguaseo no solo busca extender el contrato, sino modernizar el servicio para ajustarlo a las necesidades actuales del distrito. Entre los compromisos presentados aparecen la renovación completa de la flota de camiones, mayor cobertura en zonas rurales, incorporación de nuevas tecnologías para la gestión de residuos y la modernización de cláusulas que, según Mitchell, datan desde 2002.
Reconocen fallas en la recolecciónSobre las imágenes que muestran acumulación de basura en varios puntos de la ciudad, el vocero de Aguaseo admitió la existencia de “puntos críticos” donde la basura se acumula, sobre todo después de los fines de semana. Aclaró que el contrato establece una frecuencia de recolección de tres veces por semana, pero que la empresa ha debido aumentar recorridos por el crecimiento poblacional y del volumen de residuos.
Deuda millonaria complica el servicioMitchell afirmó que la operación de Aguaseo está afectada por una deuda cercana a 27 millones de dólares ligada al pago de la tasa de aseo. Detalló que unos 22 millones corresponden a obligaciones históricas y alrededor de 5 millones son saldos pendientes desde el año pasado. También señaló que varias entidades públicas adeudan hasta ocho meses de pagos, lo que, según él, presiona la sostenibilidad financiera del servicio.
El anuncio añade presión política: el alcalde Diógenes Galván había señalado que no renovaría el contrato, pero la decisión final recae en los concejales. Mientras tanto, vecinos y dirigentes esperan que el proceso atienda tanto la limpieza inmediata de la ciudad como soluciones a largo plazo que incluyan financiamiento y mejoras operativas.
