El Consejo de Gabinete declaró este viernes 20 de junio el Estado de Urgencia en la provincia de Bocas del Toro, luego de los graves disturbios ocurridos la noche del jueves 19 y la madrugada del viernes 20. La medida fue tomada ante la creciente alteración del orden público, los ataques a infraestructuras públicas y privadas, y la amenaza a la seguridad ciudadana.
El anuncio fue hecho por el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, quien detalló que la suspensión de garantías constitucionales se aplicará por un período de cinco días, conforme al artículo 55 de la Constitución. Entre los derechos limitados se encuentran la libertad de tránsito, inviolabilidad del domicilio, derecho a reunión y libertad de expresión.
Orillac condenó enérgicamente los actos de violencia y vandalismo, señalando que fueron perpetrados por grupos que, según dijo, atentan contra la democracia y el orden público. Entre las infraestructuras afectadas se reportaron daños en el Aeropuerto de Changuinola, oficinas del Sinaproc, el estadio Calvin Byron, instalaciones de Chiquita Panamá y varios locales comerciales.
En respuesta a la situación, el Gobierno anunció que reforzará la presencia de los estamentos de seguridad en toda la provincia, con el objetivo de garantizar la seguridad de los ciudadanos, proteger la propiedad pública y privada, y restablecer la paz social.
La decisión fue adoptada tras advertencias del presidente José Raúl Mulino, quien había adelantado que convocaría al Gabinete para tomar acciones constitucionales firmes ante el deterioro de la situación en Bocas del Toro.
Las autoridades señalaron que se mantendrán en sesión permanente, evaluando la evolución de los acontecimientos y aplicando todas las medidas necesarias para contener la crisis.
