Tras el tuit del pasado viernes 14 de junio del vicepresidente electo, José Gabriel Carrizo, donde le pide al presidente de la República, Juan Carlos Varela, “pensar en los mejores intereses de la patria”, esto refiriéndose al decreto migratorio que emitió Varela y que da permanencia definitiva a los extranjeros que tengan hasta 10 años de haber obtenido permiso para estar en el país, no ha habido un pronunciamiento oficial sobre el tema.
Carrizo publicó en su cuenta de Twitter que “Panamá merece avanzar en la dirección adecuada, y la mayoría de las actuaciones del presidente Varela van en otra dirección”.
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La publicación del también ministro de la Presidencia, generó reacciones por parte del ministro designado de Seguridad, Rolando Mirones, Samira Gozaine, directora designada del Servicio Nacional de Migración y Rafael Mezquita, exministro de la Presidencia, quienes le dieron todo su respaldo a Carrizo.
"Totalmente de acuerdo con usted, la meta común de todo Panamá y del #BuenGobierno es avanzar protegiendo el interés nacional. Revisaremos a profundidad la puesta en marcha del C5, garantizaremos que los funcionarios y la operación sea idónea y responda a las exigencias ciudadanas", escribió Mirones.
"En sintonía total, Panamá exige y merece la defensa de su soberanía, el #BuenGobierno garantizará que los criterios migratorio que se apliquen en nuestro país, se ajusten a la estrategia general y plan de gobierno", publicó Gozaine.
“JCV ha manejado la transición en doble vía: 1. fluida “de los dientes para afuera” y 2. Comprometiendo recursos y decisiones al nuevo gobierno. Comprometió recursos con lo de incentivos a los cruceros por el Canal de Panamá y decisiones con la nueva política migratoria, luego se queja”, tuiteó Mezquita.
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El nuevo decreto migratorio ha causado tensión en el proceso de transición gubernamental.
Los dimes y diretes entre el vicepresidente electo y el presidente Varela empezaron el viernes 7 de junio donde tras una reunión con el contralor general, Federico Humbert, Carrizo expresó su preocupación por la continuidad de actos públicos en las instituciones y por los supuestos gastos de funcionamiento que superan el tope establecido en la ley para el último año de todo gobierno.
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Carrizo solicitó al contralor ‘no refrendar más contratos que pudiesen deteriorar aún más las finanzas públicas', lo que causó la molestia del actual presidente de la República.
