La Defensoría del Pueblo de Panamá ha aprobado un protocolo para prevenir y enfrentar la violencia y discriminación dentro de la institución, alineado con su mandato constitucional. Este protocolo se fundamenta en el artículo 129 de la Constitución, que establece la obligación de proteger los derechos humanos, y en la Ley 82 de 2013, que refuerza las medidas contra la violencia hacia la mujer.
El nuevo protocolo incluye acciones preventivas, vías confidenciales para denuncias, medidas de protección para las víctimas y sanciones para quienes cometan acoso, discriminación o violencia. Además, busca fomentar una cultura institucional basada en la igualdad, dignidad y respeto.
Este avance representa un compromiso claro de la Defensoría del Pueblo para garantizar un ambiente laboral seguro y libre de violencia, con especial énfasis en la protección de los derechos de las mujeres.
