La noche del 15 de julio en la comunidad de Cabuya, corregimiento de Tocumen, quedó marcada por un episodio que ha generado una fuerte reacción de la Defensoría del Pueblo. La institución alzó su voz de protesta tras lo que calificó como un “trato inaceptable” hacia la representante Arielis Barría, quien fue violentada por unidades policiales mientras intentaba mediar entre los agentes y los moradores del área.
Según el pronunciamiento oficial, los uniformados actuaron de forma desproporcionada, ignorando por completo los derechos humanos y el respeto que debe guardarse a mujeres en roles de liderazgo y mediación. La situación es aún más grave, señala el documento, porque la agredida ejercía funciones públicas y trataba de calmar un escenario de tensión social.
“Ninguna mujer merece ser tratada de esa forma por parte de las unidades policiales”, advirtió con firmeza la Defensoría, recordando que en todo el país debe primar la dignidad, el respeto y la protección a las defensoras de derechos humanos", señala el documento.
El caso ha sido elevado a un plano más serio: la entidad abrió una investigación de oficio contra la Policía Nacional y el Ministerio de Seguridad Pública para determinar si hubo abuso de poder y omisiones institucionales en este operativo.
Además, instó al Estado panameño a cumplir con convenios internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará) y las directrices de la ONU sobre defensores de derechos humanos.
