A través de un comunicado emitido este martes 20 de junio, la Defensoría del Pueblo se pronunció sobre el contrato entre Minera Panamá y el Estados panameño, aprobado recientemente por el Consejo de Gabinete. La entidad pidió que en el mismo prevalezca el respeto por los derechos humanos y que se reconozca el rol de esta entidad en garantizar dichos derechos.
De acuerdo con la nota, el defensor Eduardo Leblanc González considera que documento debe priorizar temas como la generación de empleos, actividad económica, conducta empresarial responsable y la sostenibilidad, tal como mandata la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y promueve las Naciones Unidas (ONU), para que una vez la empresa cese labores en la zona, existan condiciones para los emprendimientos y la creación de empresas.
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Agrega que hay un clamor expuesto por los moradores de las comunidades aledañas concerniente al tema de expropiación de sus tierras por parte de la empresa concesionaria. Sobre la consulta pública, critica que el Órgano Ejecutivo a través del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), solo permitió que la ciudadanía participase a través de sus comentarios en un lapso de aproximadamente un mes, del 24 de marzo al 22 de abril de 2023; lo cual, a consideración de esta entidad rectora de derechos humanos y de muchos ciudadanos fue un periodo muy efímero, tomando en cuenta la amplitud e importancia de este contrato que otorga una concesión de veinte años.
El defensor del pueblo pidió a la empresa y al Estado que reconozcan el rol de la entidad como garante de los derechos humanos de la población.“La Defensoría enfatiza que debe prevalecer el principio de equidad y respeto por los Derechos humanos entre la empresa, los trabajadores, la comunidad y los proveedores. Asimismo, lo relacionado con el tema ambiental y por el derecho al goce de los moradores a un ambiente sano”.
Concluye haciendo el llamado al MICI y a Minera Panamá para que reconozcan su rol en defensa de los derechos humanos, según mandato constitucional y de convenios internacionales en materia de garantías ciudadanas.
El contrato entre el Estado y Minera Panamá debe ser auditado por la Contraloría General de la República y luego enviado a la Asamblea Nacional para su aprobación o rechazo por parte de los diputados
