La Defensoría del Pueblo de Panamá ha urgido al Estado a proporcionar una solución inmediata para garantizar la conectividad de más de 2,000 residentes en la comunidad de Jaqué, en la provincia de Darién, luego de la finalización de las operaciones de Digicel en Panamá el pasado 20 de abril.
La Defensoría expresó su preocupación por la falta de presencia estatal en Jaqué durante muchos años, especialmente porque esta comunidad está habitada principalmente por poblaciones en condiciones vulnerables, incluidas comunidades indígenas y afrodescendientes, que ahora se ven obligadas a depender de servicios en áreas colombianas debido a la pérdida de conectividad.
Esta situación afecta el ejercicio de derechos humanos fundamentales, como el derecho a la educación. Las Naciones Unidas han reconocido el acceso a Internet como un derecho fundamental, garantizando la equidad, accesibilidad económica y calidad adecuada de los servicios de tecnologías de la información y comunicaciones (TIC).
Tras el anuncio de cierre de operaciones por parte de Digicel, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) informó que los usuarios tenían hasta el 20 de abril para realizar la portabilidad numérica con otros operadores de telecomunicaciones.
Esperamos que el Estado pueda abordar rápidamente esta situación para asegurar que los residentes de Jaqué puedan mantener acceso a servicios de telecomunicaciones esenciales y puedan disfrutar de sus derechos fundamentales de manera adecuada y equitativa.
