Ante el revuelo público por la Fundación Nueva Vida, la Defensoría del Pueblo salió a aclarar que no es un problema nuevo. Los primeros reportes documentados datan de julio de 2023, y la entidad formalizó su pesquisa el 4 de octubre de 2024, tras recibir una queja anónima.
Desde ese momento, activaron un trabajo en equipo con otras instituciones. Incluye visitas de supervisión, acompañamiento a las personas afectadas y acciones para chequear posibles violaciones a derechos humanos. Todo está registrado en el expediente oficial.
Además, enviaron datos al Ministerio Público para que investigue cualquier delito penal. La Defensoría insiste en que cuidar a los adultos mayores es su prioridad número uno. Por eso, cada denuncia se revisa a fondo, respetando el debido proceso y buscando responsables con las autoridades.
Este caso resalta la importancia de la colaboración entre entidades para proteger a los más vulnerables en Panamá, evitando que situaciones así queden sin respuesta.
