El debate sobre el uso obligatorio del bioetanol en Panamá vuelve a tomar fuerza luego de que el abogado Roberto Ruiz Díaz interpusiera ante la Corte Suprema de Justicia una demanda de inconstitucionalidad contra la norma que exige la mezcla de este biocombustible con la gasolina, alegando que vulnera derechos fundamentales de los consumidores.
El recurso sostiene que la obligatoriedad de la mezcla elimina la posibilidad de que los ciudadanos elijan libremente el tipo de combustible que desean utilizar, lo que, a su juicio, contraviene principios constitucionales relacionados con la libertad de consumo. Este argumento ya ha sido planteado anteriormente en procesos similares, donde se ha señalado que la medida “impide a los panameños elegir los productos que desean consumir”.
La legislación vigente establece que el bioetanol debe mezclarse de forma obligatoria con las gasolinas en el país, como parte de una política energética que busca reducir la dependencia de combustibles fósiles y promover el uso de energías renovables . Sin embargo, la imposición de esta mezcla ha generado cuestionamientos desde distintos sectores.
Ruiz Díaz también advierte que la medida podría favorecer la concentración del mercado en manos de productores vinculados al sector azucarero, lo que abriría la puerta a posibles prácticas monopólicas. Este señalamiento se suma a las críticas que han surgido en torno al impacto económico y competitivo de la política de biocombustibles.
Demandas previas han cuestionado específicamente la frase que establece que “la mezcla y uso serán obligatorios”, argumentando que podría ser contraria a la Constitución .
Ahora, será la Corte Suprema la que deberá analizar nuevamente la legalidad de esta disposición, en medio de un contexto donde el Gobierno impulsa la expansión del uso de bioetanol como parte de su estrategia energética y agroindustrial.
