Las recientes modificaciones a la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, así como la Ley N° 67 que regula la Jurisdicción de Cuentas, fueron rechazadas tajantemente por un grupo de organizaciones civiles que insisten en que son violatorias a la Constitución al crear fueron y privilegios para los funcionarios de la principal entidad fiscalizadora del Estado.
El pasado 22 de diciembre, el Órgano Ejecutivo dio a conocer que la Ley 351 de la Contraloría era norma de la República y alegó que la misma robustece el control preventivo, además de fortalecer la transparencia y la independencia de los funcionarios.
No obstante, las organizaciones que la critican, entre ellas el Capítulo Panameño de Transparencia Internacional, Movimiento Ciudadano Anticorrupción, Centro de Incidencia Ambiental, Civitas Panamá y Consejo de Ex Presidentes de Gremios de Panamá, entre otras, aducen que la misma debilita la institucionalidad panameña en materia de prevención y sanción de la corrupción pública, al otorgarle al contralor general de la República poderes discrecionales que le permitirá decidir, sin contrapeso alguno, qué investiga o deja de investigar.
Diversas organizaciones sostiene que la Ley Orgánica de la principal entidad fiscalizadora la debilita. Ejecutivo y el Legislativo han definido el cambio.“Se trata de una concentración de poder muy peligrosa, que amenaza el Estado de Derecho y la democracia”, acota en su comunicado emitido este martes 3 de enero. Explica que la Ley Orgánica de la Contraloría definía la institución en su artículo 1 como “un organismo estatal independiente de carácter técnico, cuya misión es fiscalizar, regular y controlar los movimientos de los fondos y bienes públicos...”, definición que varía en la nueva ley, al señalar que la Contraloría actuará “...sin recibir instrucciones de ninguna autoridad, Órgano del Estado o persona”.
Acotan que ello implica que la institución no tendría obligación de responder a las peticiones de auditorías que le solicite el Ministerio Público o la Jurisdicción de Cuentas, impidiendo así que se obtengan los sustentos necesarios para realizar investigaciones que involucren bienes públicos.
Sobre todo si a lo anterior se acota que los informes de auditoría e investigaciones serán aprobados o cerrados y archivados por el contralor general, “otorgando a dicho funcionario un poder único y discrecional, ajeno a los criterios legales y objetivos que deben guiar estos procesos”.
La nueva norma, exponen las asociaciones, abren la puerta a la discrecionalidad y a la impunidad al añadir los conceptos de sana crítica y buena fe por parte de los fiscalizadores en el ejercicio de sus funciones para determinar la corrección o no en el uso de los fondos públicos.
También se otorga poderes a la Contraloría de interferir en el manejo del personal de todas las entidades del Estado, al prohibir los despidos de los auditores internos de las instituciones que hayan sido certificados y capacitados por la Contraloría. Con ello, la institución asume funciones propias de la Dirección de Carrera Administrativa.
Por las violaciones que la norma contiene advierten que actuarán legalmente contra la misma, acciones legales que se está haciendo en los próximo días.
