La Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional recibió este lunes 24 de noviembre una denuncia penal contra el presidente José Raúl Mulino, señalándolo por presunta intimidación a los magistrados del Tribunal Electoral (TE) y por posible infracción al artículo 360 del Código Penal, que sanciona con cárcel a quien ejerza presión o violencia para alterar la labor de un funcionario público.
El recurso fue presentado por el abogado José Luis Galloway ante la Secretaría General de la Asamblea. Según detalló, las actuaciones del mandatario encajan en el tipo penal que castiga a quien, mediante intimidación, impida u obligue a un servidor público a actuar fuera del marco legítimo de sus funciones.
El origen de la denuncia
Galloway sustenta su acusación en las declaraciones que Mulino realizó el pasado 21 de noviembre en Costa Rica, durante la ceremonia en la que recibiría la orden Juan Mora Fernández en grado de Gran Cruz Placa de Oro. En ese acto, el presidente reconoció que, antes de las elecciones de mayo de 2024, advirtió a los magistrados del TE que “les prendería este país por las cuatro esquinas” si no le permitían participar en la contienda.
Para el denunciante, ese reconocimiento equivale a admitir que ejerció presión sobre los magistrados, quienes son funcionarios públicos en pleno cumplimiento de sus responsabilidades. Por ello, solicitó que la Comisión abra una investigación y que se oficie a los medios que cubrieron la actividad en Costa Rica para que entreguen las grabaciones de las declaraciones del mandatario.
Reacciones inmediatas
Las palabras de Mulino desataron un fuerte debate político. El expresidente Martín Torrijos las calificó como “graves” y cuestionó que el mandatario admita presiones sobre el Tribunal Electoral. En su cuenta de X, escribió: “Ya se conocía de los pactos de impunidad, y ahora admite que también llegó al poder mediante amenazas y presiones al Tribunal Electoral”.
Por su parte, el Tribunal Electoral respondió mediante un comunicado en el que manifestó su desacuerdo con lo dicho por el presidente y recordó que las decisiones adoptadas durante el proceso electoral se tomaron “en estricto apego al ordenamiento jurídico del país”.
(Con información de Juan Manuel Díaz)
