El reloj marcaba las diez de la mañana cuando cuadrillas del Metro de Panamá, la Policía Nacional y unidades del Servicio Nacional de Migración llegaron a la estación de Pan de Azúcar, en San Miguelito. No iban a reparar escaleras eléctricas ni a pintar paredes. Su misión era otra: desmontar los 14 puestos de venta informal que por años ocuparon parte de los predios. La orden era clara: liberar el espacio como parte del plan de recuperación de áreas públicas.
La escena recordó lo sucedido la semana pasada en la estación de San Miguelito, donde también se ejecutó un operativo similar. Esta vez los buhoneros pedían una prórroga hasta el 15 de enero de 2026, alegando que las fiestas de fin de año representan la temporada fuerte para sus ingresos.
La versión oficial: “Por salubridad y por norma”
Desde el Metro explicaron que la medida no fue improvisada. Carina Vergara, directora administrativa delegada, aseguró que los comerciantes fueron notificados con antelación.
“Ya se habían hecho avisos desde hace más de un año. El 21 de septiembre era la fecha límite para que se retiraran de forma voluntaria”, afirmó.
Vergara detalló que al llegar no encontraron mercancía, solo estructuras vacías con conexiones eléctricas y de agua ilegales, además de focos de insalubridad.
“Vimos presencia de roedores y eso era un riesgo para los usuarios. El decomiso de mercancías, las estructuras y las mejoras que se realizan en el sector son destruidas como parte de los procesos administrativos”, recalcó.
Según la normativa interna, la venta de bienes y servicios dentro de las instalaciones está prohibida, y las sanciones pueden iniciar desde $150 en adelante.
La otra cara: “Nos quedamos sin sustento”
Mientras el personal desmontaba tablas y techos improvisados, los vendedores miraban resignados. Para Alexis Quiróz, uno de ellos, la medida fue devastadora.
“Quedamos desempleados. No es solo mi familia: es toda la cadena que empieza en Merca Panamá, los carretilleros, los transportistas. Todos dependen de esta venta”, expresó.
Con voz entrecortada, Quiroga aseguró estar dispuesto a pagar un alquiler si se les habilita un espacio formal.
“Queremos trabajar legalmente, colaborar al fisco y al municipio. Solo pedimos oportunidad”, subrayó.
El reclamo comunitario: “Pedimos tiempo y no escucharon”
A pocos metros, Juan Fernández levantaba la voz por él y por sus compañeros. Considera injusto que el Metro no atendiera su petición de permanecer hasta diciembre.
“Nos notificaron para irnos, sí, pero nunca avisaron que hoy iban a llegar con la fuerza de un desalojo. Aquí hay gente con hijos estudiando, con familiares incapacitados. No es tan fácil empezar de nuevo de un día para otro”, denunció.
Fernández recordó que incluso intentaron adaptarse a las exigencias del Metro:
“Nos dijeron que entráramos un poco más para no estorbar, lo hicimos. Que cortáramos los techos, lo hicimos. Hasta propusimos pagar por cubículos si los acondicionaban. Nunca hubo respuesta”.
Mientras habla, señala áreas cercanas de la estación cubiertas de maleza y drenajes que colapsan con la lluvia.
“Se enfocan en sacarnos, pero dejan otros problemas sin atender como las áreas verdes o como cuando llueve que es un caos”, lamentó.
Entre dos realidades
El Metro insiste en que no puede permitir la venta ambulante en sus predios: representa un riesgo de seguridad, salubridad y afecta la imagen de las estaciones. Los vendedores, por su parte, se sienten criminalizados por trabajar y claman por una salida intermedia que les permita seguir generando ingresos.
Por ahora, algunos buhoneros ya se organizaron para buscar respaldo en la Alcaldía y la Asamblea. Otros, como Fernández, piensan en levantar un pequeño toldo en otro punto, aun con el riesgo de robos o nuevas sanciones.
En medio de este pulso, los usuarios del Metro siguen transitando por un espacio más despejado, pero con la estampa fresca de una comunidad que se quedó sin su pan diario.
