La discusión por el presupuesto 2026 encendió la alerta sobre el futuro de la descentralización en Panamá. La directora de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND), Roxana Méndez, señaló que el modelo no podrá sostenerse si el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no entrega los fondos que establece la ley del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBM).
Entre 2021 y 2025, la AND recibió $535,040,647. En ese mismo período, el Estado recaudó $910,751,636.59.“Para este año lo que está asignado es un 42 %. Si esto sigue así, dentro de unos años no va a tener dinero”, expresó Méndez ante la Asamblea.
Menos recursos para municipios
El sistema se apoya en tres programas: Impuesto de Bienes Inmuebles, Subsidios para el funcionamiento básico de municipios y el Programa de Inversión en Obras Públicas y Servicios Municipales (PIOPS).
Para 2026, el MEF prevé recaudar $196,495,920 en concepto de IBM, pero a la AND solo se le asignarían $83,177,211.
Sobre los subsidios, Méndez explicó que 64 municipios dependen de ellos, pero muchos reciben entre $120 mil y $170 mil, cuando el mínimo debería ser de $250 mil.“No debe haber municipios que reciban subsidios por debajo de $250 mil porque no pueden tener una estructura ni mantener toda la competencia que actualmente tienen”, dijo.
En el caso del PIOPS, la directora advirtió que muchas juntas comunales no cuentan con personal técnico. Solicitó un subsidio mínimo de $51,660 para cada una de las 701 instancias. La petición fue de $125,280,000, pero la recomendación quedó en $86,130,000.
En total, la AND pidió $341,569,601, mientras que lo recomendado por el MEF fue de $182,527,305.
Proyectos en marcha
Méndez detalló que hoy la descentralización mueve 3,300 proyectos en distintas fases. La mayoría se concentra en obras viales, como caminos de producción, puentes y aceras que buscan mejorar la movilidad en comunidades rurales.
El agua también ocupa un lugar clave: hay más de 300 proyectos dedicados a captar, filtrar y distribuir el recurso. Uno de los casos que mencionó fue el de Jingurundó, en la comarca Emberá, donde los vecinos ahora cuentan con agua potable y energía solar que les permite mantenerse comunicados.
La funcionaria recalcó que la voz de la gente es parte del proceso. Cada obra primero se consulta en la comunidad, luego pasa al consejo del distrito y finalmente llega a la AND para su aprobación. Solo en el último período se hicieron más de 600 consultas, con la participación de unas 1,800 personas. “Esto está fortaleciendo la confianza de los ciudadanos en sus autoridades locales”, señaló.
En cuanto a la ejecución, la inversión total supera los $180 millones, de los cuales $112 millones ya están en desarrollo. El 25 % del presupuesto se destina a funcionamiento, lo que significa que cerca del 90 % está en proyectos concretos.
Según explicó, uno de los beneficios de este modelo es la rapidez: obras como un pozo de agua, que por la vía tradicional podrían demorar hasta tres años, ahora logran completarse en un año gracias a la descentralización.
Expedientes en revisión
Méndez recordó que al llegar a la institución encontró un mecanismo de transferencias sin reglamentación que ya fue clausurado. Explicó que más de 200 expedientes por supuestas anomalías en juntas comunales fueron transferidos a la Contraloría y al Ministerio Público, y que estos casos avanzan al ritmo que decidan ambas instituciones.
Lo que viene
En la Asamblea, algunos diputados como Benicio Robinson cuestionaron la gestión, mientras que el presidente del Legislativo, Jorge Herrera, respaldó la necesidad de que los municipios reciban más apoyo financiero.
La AND insiste en que los recursos solicitados son necesarios para que la descentralización se mantenga como instrumento de desarrollo local y no se debilite por falta de fondos.
