El manejo de los fondos del Subprograma de Interés Social (PDIS) se ha convertido en una auténtica pesadilla para muchas autoridades locales, y el tiempo se les agota. La Autoridad Nacional de Descentralización (AND), siguiendo las órdenes del presidente José Raúl Mulino, está lista para enviar al Ministerio Público a quienes no puedan justificar hasta el último centavo de los millones transferidos en el marco de la llamada “Descentralización Paralela”.
Con 663 juntas comunales y municipios bajo la lupa, el panorama no es alentador: 39 de ellos aún no han presentado informes, mientras que de los 129 revisados hasta ahora, 54 ya han sido denunciados por falta de sustentación, y otros 24 están en la fila para las próximas semanas. ¿Qué pasó con los $320 millones transferidos? Esa es la pregunta que ahora trata de responder la Fiscalía Anticorrupción con cada expediente que se acumula en su escritorio.
¿Descentralización o descontrol?
Lo que comenzó como un programa para emergencias y proyectos sociales parece haberse convertido en un verdadero cheque en blanco para algunos. Sin reglas claras de fiscalización ni una estructura sólida de aprobación, el dinero fluyó con facilidad, pero los resultados brillan por su ausencia. Mientras tanto, la AND asegura que trabaja “incansablemente” para garantizar que cada dólar público sea bien utilizado, o al menos eso aseguran en sus comunicados.
El equipo técnico de la institución también colabora con la Contraloría General, revisando y desmenuzando documentos para llevar a la justicia a quienes pensaron que los fondos públicos eran un regalo sin condiciones.
Con los 60 días de notificación ya vencidos, la AND no muestra clemencia: “Cada junta comunal que no rinda cuentas será denunciada. La plata del pueblo merece respeto“, han declarado fuentes oficiales.
Mientras tanto, los panameños observan expectantes, esperando saber qué nombres saldrán a la luz y si esta purga administrativa finalmente terminará con el despilfarro crónico de los fondos públicos.
