El dirigente sindical Saúl Méndez, secretario general del Suntracs, salió este sábado 19 de julio rumbo a Bolivia, tras casi dos meses refugiado en la embajada de ese país en Panamá, a la cual ingresó saltándose la cerca en un momento de tensión. Ya con asilo diplomático y salvoconducto en mano, soltó su primer mensaje desde tierras bolivianas.
Saúl Méndez recibió Asilo por parte del gobierno de Bolivia. Elysée FernándezEn un video difundido por el sindicato, acusó al gobierno panameño de persecución, violación a los derechos humanos y de querer imponer una dictadura. Dijo que seguirá en lucha desde el extranjero y lanzó fuertes críticas al sistema de justicia y al poder político.
“Aquí se ha torturado, se ha perseguido, se ha asesinado. Los presos políticos, las destituciones ilegales, los juicios amañados... Todo eso forma parte de una estrategia para callarnos”, expresó.
En su mensaje, también mencionó a otros dirigentes como Genaro López, Jaime Caballero y Erasmo Cerrut, a quienes calificó como perseguidos políticos. Y advirtió que la intención del gobierno sería acabar con el Suntracs y frenar la organización del pueblo.
Desde otra trinchera
Aunque ahora se encuentra fuera del país, Méndez aseguró que seguirá activo políticamente desde Bolivia.
“Desde esta nueva trinchera, vamos a seguir firmes. No termina, pero nos vamos a defender. Y no tengo duda de que vamos a triunfar”, dijo.
Cerró su mensaje con un llamado a la unidad de docentes, gremios, comunidades indígenas, campesinos y estudiantes para enfrentar lo que considera una “embestida” contra el pueblo panameño.
Por ahora, la situación de Méndez genera opiniones divididas: mientras algunos lo ven como un perseguido político, otros resaltan los procesos legales en curso. Lo cierto es que su salida del país y sus declaraciones han vuelto a encender el debate.
Procesos en su contra
Mientras tanto, en Panamá, el Ministerio Público mantiene activas varias órdenes de aprehensión contra Méndez, por supuesta estafa agravada, blanqueo de capitales, asociación ilícita, falsificación de documentos y prevaricato. Estas están relacionadas con denuncias presentadas por extrabajadores de un proyecto en la provincia de Bocas del Toro.
Ni el Suntracs ni sus abogados han negado directamente estos señalamientos, pero han insistido en que se trata de una “persecución política”.
