El último mes del 2019 fue el más sangriento del año. Fue el mes de la masacre de La Joyita, donde murieron 13 reos de la pandilla “Bagdad”.
En total, unas 75 personas fueron asesinadas a nivel nacional, superando al mes de agosto, que cerró con 46 crímenes, y enero, con 43 víctimas.
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El año cierra con 468 personas asesinadas de forma violenta. Veinticinco más que en el año 2018.
Además, diciembre fue el mes en donde más mujeres fueron asesinadas en hechos violentos. Unas nueve.
Según el Ministerio de Seguridad, las tasas de homicidios más altas de la historia del país fueron registradas en los años 2008 y 2010, con 19.3 homicidios por cada 100 mil habitantes. Mientras que la tasa más baja de la historia se registró en el año 2017, con 9.2 por cada 100 mil habitantes.
¿A qué se debe tanta violencia?
Para el profesor de Derecho Penal y Criminología, Orestes Arenas Nero, las estadísticas que muestra el Gobierno nos indican que en Panamá la delincuencia ha disminuido. Sin embargo, la percepción de la población es otra.
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A este fenómeno se le conoce como “seguridad subjetiva”.
Es decir, cómo se siente la población frente a la delincuencia. En la seguridad subjetiva inciden otros factores distintos al delito, como la cobertura mediática o la perversidad del antisocial.
Por ejemplo, frente al hecho del taxista que agredió a otro conductor, la sociedad pide una pena dura, pero lo cierto es que las lesiones no lo ameritan. Sin embargo, la saña con la que el taxista golpeaba al conductor indefenso en el piso generó un sentimiento de indignación generalizado.
Orestes destacó que no es que en Panamá falten planes estratégicos, el problema es que dichos planes están hechos por inexpertos.
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Estamos frente a la política criminológica de los inexpertos. Por ejemplo, la Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana del gobierno pasado, y del actual, ha puesto a la opinión pública como la nueva creadora de la política criminológica del Estado panameño.
El populismo y la opinión pública son los nuevos parámetros para definir qué es delito y cómo debe perseguirse, se quejó.
Antes, para realizar una modificación al Código Penal, se buscaba a expertos penalistas y criminólogos con muchos años de experiencia y renombre académico. Hoy son los especialistas en marketing y en rating quienes deciden la política criminológica.
Los políticos panameños no piensan en solucionar el problema generado por el delito, ni mucho menos prevenirlo. Solo piensan en cómo lograr más votos en las próximas elecciones.
Para ello aprovechan la inseguridad y se lanzan a crear leyes de mano dura que no resuelven los problemas de fondo, pero los dejan bien posicionados en la opinión pública.
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Mes más violento
Esta situación de inseguridad se debe a la desidia por parte del Estado panameño de hacer frente al problema. Ningún gobierno ha tenido el interés de convertir a Panamá en un país más seguro.
La violencia en el país nos afecta a todos como sociedad; sin embargo, hay grupos que ganan mucho con el sufrimiento de otros. Por ejemplo, el problema del crimen organizado aterroriza a los panameños, pero, al mismo tiempo, beneficia a otros grupos. Por ejemplo, a los políticos electoreros les facilita ganar votos prometiendo penas más duras (que no persuaden a este tipo de delincuentes). A los empresarios les permite seguir lucrando del negocio de la venta de equipos de seguridad para el sector público y para el sector privado.
A la Policía le justifica el aumento de sus salarios, viáticos, sobresueldos, etc. Entonces, estos grupos ganan mucho con la criminalidad, pero son los supuestos encargados de reducirla. ¿Quién afectaría su propia fuente de ingresos?
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“Hay quienes hablan de un ‘diciembre sangriento’, pero no debemos temerle a eso, sino a que tengamos ‘años sangrientos’ y que nadie haga nada”, expresó el experto.
