El diputado Ernesto Cedeño presentó una demanda de nulidad ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia contra la facultad que utiliza la Contraloría General de la República para aplicar la figura de licencia sin sueldo por investigación a funcionarios públicos.
Según el recurso legal, la denominada “licencia sin sueldo por investigación” no existe dentro del ordenamiento jurídico panameño, por lo que la Contraloría no tendría competencia para separar a funcionarios de sus cargos bajo ese mecanismo.
La demanda cuestiona específicamente un fragmento del Decreto N. 90-20-DNM y SC del 2 de diciembre de 2019, mediante el cual la Contraloría estableció el procedimiento para el trámite y fiscalización de acciones de personal en entidades del gobierno central, instituciones descentralizadas y empresas públicas adscritas al sistema de planilla y descuento.
Cedeño argumenta que dicha disposición viola artículos de la Ley de Carrera Administrativa y de la Ley de Carrera Legislativa, al crear una categoría que no está reconocida por la legislación vigente.
El documento presentado ante la Corte también sostiene que la licencia sin sueldo debe ser una solicitud voluntaria del servidor público y no una medida impuesta por una entidad fiscalizadora. Además, recalca que la Contraloría no tiene facultad legal para otorgar licencias ni suspender salarios a funcionarios de otras instituciones del Estado.
El recurso hace referencia a casos recientes en los que varios funcionarios de la Asamblea Nacional fueron enviados a licencia sin sueldo por investigación, incluyendo colaboradores de diputados de la coalición Vamos.
La polémica creció la semana pasada, luego de que miembros de la Asamblea Nacional sostuvieran una reunión con el contralor Anel Flores para intentar alcanzar un acuerdo que permitiera levantar las medidas aplicadas contra funcionarios legislativos.
