Las recientes declaraciones de la expresidenta Mireya Moscoso, en las que afirmó que algunos diputados han expresado intenciones de “tumbar al presidente” José Raúl Mulino y convocar elecciones anticipadas, han generado diversas reacciones en la Asamblea Nacional.
Moscoso contó en una entrevista con RPC Radio que, hace poco más de un mes, durante una conversación con parlamentarios, uno de ellos dijo: “Lo que queremos es tumbar al presidente, llamarlo a juicio y hacer elecciones en un año”. La exmandataria rechazó esa postura, recordando los años de dictadura que sufrió Panamá y advirtiendo que no se puede permitir que se repita esa historia.
Ante estas afirmaciones, diputados como Jorge Bloise manifestaron su rechazo a cualquier intento de desestabilizar el gobierno y pidieron cuidar la democracia, evitando promover golpes o acciones que alteren el orden constitucional.
Por su parte, Ernesto Cedeño, del Movimiento Otro Camino (MOCA), reconoció que la Asamblea tiene la facultad constitucional para enjuiciar al presidente, pero calificó las declaraciones como “fuera de lugar” y advirtió que quienes promueven estas ideas quieren “violar la democracia y retroceder a etapas superadas”.
Javier Sucre, presidente de la bancada del Partido Revolucionario Democrático (PRD), coincidió en que la expresidenta debería haber revelado los nombres de los diputados que supuestamente apoyan esa idea y enfatizó la importancia de respetar el período presidencial vigente. Además, cuestionó algunas acciones recientes del presidente Mulino, en el contexto de las protestas y huelgas que enfrenta el país.
Cabe destacar que Moscoso no ha dado detalles sobre quiénes serían los diputados involucrados ni ha presentado pruebas formales sobre estas supuestas intenciones, y varios parlamentarios presentes en la reunión negaron haber hablado de un golpe de Estado o de elecciones anticipadas.
La presidenta de la Asamblea Nacional, Dana Castañeda, también emitió un comunicado advirtiendo que el Legislativo no permitirá ni respaldará ningún intento de alterar el orden constitucional, sin mencionar nombres específicos.
En medio de un país convulsionado por protestas, paros laborales y tensiones sociales, estas declaraciones han encendido el debate político y ponen en evidencia la preocupación por la estabilidad democrática en Panamá.
