Por más que se evite no deja de causar molestias, para no decir rabia, que sea un Estado extranjero el que una vez más marque las pautas de cómo deben actuar muchas instituciones en Panamá.
Mientras que aquí ni siquiera se puede usar el nombre de los corruptos por temor a una demanda penal o civil, en otras latitudes los califican como lo que son.
Y no es porque por allá se tengan evidencias que aquí no hay. En el caso del gobierno más corrupto de los últimos 30 años en Panamá, siempre se tuvo pleno conocimiento de las andanzas de sus cabecillas, incluyendo en casos que simplemente fueron archivados.
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Aquí lo que ha faltado es voluntad política. Primero, para depurar y transparentar el sistema judicial que sigue en deuda y, además, para enviar mensajes contundentes de que la corrupción no paga y que quienes se atrevan a hacer mal uso de los recursos públicos terminarán en la cárcel y con la expropiación de cada centavo malhabido.
Y no esperen que esas acciones contundentes vengan de nuestra carcomida clase política.
