Entre el poco importa de buena parte de la ciudadanía y el descaro de políticos, sobre todo de los que acceden al poder, la sociedad panameña ha ido normalizando conductas que claramente hubieran caído en el rango de lo despreciable en otros tiempos.
Como si fuera poco el mal uso de los recursos públicos que castiga a la población más vulnerable, ahora muchas de las autoridades locales y nacionales nos restriegan su pedigrí criminal.
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Ya sea por hurtos, peculado, estafa, plagios y otros delitos, sobran ejemplos de individuos con condenas penales ejerciendo cargos públicos o aspirando a hacerlo en el 2024. Es como si para ser funcionario un prerrequisito es tener prontuario.
No faltarán quienes digan que sus condenas son producto de la persecución política, pero lo cierto es que en una sociedad donde cada vez hay menos respeto hacia el delicado ejercicio de la función pública, es imprescindible enviar mensajes claros de que la criminalidad no paga y que quienes violenten la norma serán marginados.
