Los subsidios, cualquiera que sean, deberían ser focalizados.
Es decir, deberían ser dirigidos a quien verdaderamente los necesita. Pero en Panamá, se hacen con fines electorales, buscan comprar conciencias y simpatías, mientras que otros, lo que pretenden es aprovecharse para no tener que gastar dinero de su bolsillo.
Y en el Gobierno, eso abunda a niveles vergonzosos. Solo en cuatro de estos programas de subsidios, el Gobierno tiene planeado el desembolso –entre 2021 y 2024– de más de $900 millones.
¿Pero realmente son programas bien estructurados, con estudios individuales que justifiquen estos desembolsos? ¿Se revisan? ¿Con qué periodicidad?
Estos programas de subsidios no incluyen muchos otros más que el Gobierno reparte. Y existen, no porque los beneficiarios dependan de estos para vivir, sino porque las elecciones están a la vuelta de la esquina y seguramente en las altas esferas de esta administración creen que si los quitan sufrirán un costo electoral.
Es probable que sea así, pero el Gobierno no es para complacer a los partidos oficialistas ni a sus candidatos. Se supone que son las mayorías las que deben ser objeto de su atención.
Es la realidad que vivimos, pero no hay por qué aceptarla, cuando hay gente que merece y necesita ese dinero: es probable que sea un hermano, un tío, un amigo, un vecino, pero, por aceptar el subsidio, ellos dejan de tener, por ejemplo, medicinas e insumos en el Hospital Oncólogico o camas en los hospitales estatales.
Los subsidios están desvirtuando la naturaleza del concepto de solidaridad. Estos programas no son un derecho, son solo soluciones temporales o focalizadas.
Si no podemos entender, por ejemplo, que el subsidio a la gasolina debe ser temporal, perjudicaremos a otros que, en verdad, requieren de esos fondos para mejorar su calidad de vida, para intentar ser menos pobres. Depender de un subsidio es condenarse a vivir a expensas de otros.
