Los escándalos en este gobierno solo son escuchados por los ciudadanos, pues los organismos de investigación y contrapeso al poder son sordos o escuchan únicamente lo que les conviene.
No son escasos los escándalos y uno más sorprendente que el otro, pero ni el Ministerio Público ni la Contraloría reaccionan. Son instituciones que han dejado a un lado su rol de balance.
Cada programa insignia del Gobierno –como el vale digital, los bonos solidarios, las bolsas de comida, las vacunas de la covid, la descentralización paralela, las becas y auxilios económicos del Ifarhu, el programa Capital Semilla de la Autoridad de la Micro, Mediana y Pequeña Empresa, incluso hasta el financiamiento de las elecciones en 2019, han sido blanco de denuncias, pero nadie ha movido un dedo para investigar, salvo los casos de bajo perfil, casos de los que tampoco nada se sabe.
Se han aprobado leyes que han sido un completo desastre, como la de la Contraloría, denunciada por insconstitucional por quitarle funciones que nuestra Carta Magna o la que aprobó el contrato minero o la que dio luz verde a absurdos incentivos fiscales al turismo.
Todas socavan la institucionalidad del Estado panameño, por decir lo menos, porque aquí lo que hay son negocios de alto vuelo, que son posibles gracias a que la Asamblea Nacional socava nuestra democracia.
Nada parece que hará cambiar de parecer a las autoridades y mucho menos ahora que se acerca la contienda electoral, en la que muchos buscan la reelección porque sin el manto de impunidad con el que se cobijan mientras son funcionarios, se convierten en simples mortales que no aguantarían una simple auditoría forense de sus bienes patrimoniales.
Y apuestan todo a la reelección, porque no hay alternativa. Estamos en presencia de un gobierno sin escrúpulos, que merece tanto la reelección como se la merece un ladrón.
