El reciente escándalo mediático que involucró a dos reconocidas figuras del mundo político local revivió el debate sobre hasta dónde se extiende el derecho a la intimidad, sobre todo cuando están de por medio personalidades del ámbito público.
Cierto es que cuando se decide participar en la vida pública, más como un político, se está a expensas del escrutinio ciudadano las 24 horas del día. Pero este tiene límites si se trata de transgredir derechos como a la intimidad, inviolabilidad del domicilio, correos, llamadas, entre otros.
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Ello no significa que un político tenga coraza para violar normas de ética, valores y moral al amparo de su intimidad, porque al fin y al cabo muchos de ellos -estando en posiciones de poder- promueven y aprueban normas legales que requieren coherencia entre el discurso y sus actuaciones.
Este no es el caso del tema en discusión, donde se evidencia una acción delictiva, flagrante y hasta perversa que deberá ser abordada según consideren los afectados. La recomendación: El César y su mujer no solo deben parecer honestos, sino serlo.
