El país no termina de dilucidar lo acontecido tras las denuncias de supuestas esterilizaciones forzadas a indígenas panameñas cuando otro escándalo sobre la integridad sexual nos sacude. Se trata del abuso sexual y posterior embarazo de una niña de 8 años de edad por parte de un familiar cercano.
El hecho, que sin duda dará que hablar durante los próximos días, es la más reciente evidencia de la deuda que el Estado tiene con el cuidado de su población más vulnerable.
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Cierto es que el hecho se dio en un entorno familiar donde se supone que los menores de edad están resguardados. Sin embargo, hay que recordar que la evidencia revela que es precisamente en este núcleo donde se da la mayoría de agresiones sexuales a las víctimas.
Pese a ello, en Panamá todavía seguimos dudando de si los niños y jóvenes necesitan una formación integral en sexualidad, y preferimos mantener archivadas las iniciativas en este sentido. Y mientras sigamos jugando al puritanismo absurdo, historias aberrantes como la de esa pequeña niña violada y embarazada se seguirán replicando.
