Editorial. Los ciudadanos costean los lujos de los políticos.

Desde el inicio de la pandemia por la covid-19 uno de los principales llamados de los organismos internacionales de transparencia fue vigilar el uso de los fondos públicos, los cuales se ven vulnerados en tiempos de calamidades. Paralelo a ello, se pedía a los gobiernos el uso más eficiente de estos, de forma que los ciudadanos afectados por los efectos económicos derivados de la crisis sanitaria se vieran impactados satisfactoriamente.

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En el año y cinco meses que lleva esta calamidad esto no siempre ha sido así en el caso de Panamá, donde no han faltado las denuncias y evidentes actos de mal uso de los recursos del erario. Y si a ello le sumamos los gastos excesivos en que viene incurriendo el Estado, se hace evidente que estamos a las puertas de un descalabro de las finanzas.

De lo anterior radica la importancia de ponerle el ojo a la discusión, por parte de la comisión respectiva en la Asamblea Nacional, del Presupuesto General del Estado. Total, el mismo se financia con impuestos y deudas que pagamos todos los ciudadanos.