Uno de los problemas más grandes que enfrentan los agentes de instrucción en su lucha contra los casos de corrupción es la falta de credibilidad. Y prueba de ello es lo que ocurre con los recientes escándalos sobre la vacunación clandestina y el hallazgo en una casa de cientos de bolsas de alimentos de un programa de asistencia social.
Esa crisis de confianza está sustentada en un país donde los peces gordos salen airosos de los hechos criminales que se les destapan, mientras que el castigo es implacable para la gran mayoría de infractores sin recursos. Es decir, la justicia en Panamá juega a dos bandas.
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Y si bien el sistema está estructurado para que la justicia no funcione, o por lo menos solo lo haga a favor de los poderosos, también hay un importante elemento inherente a cada individuo que integra el aparato judicial. Seguimos necesitando personeros, fiscales, jueces y magistrados valientes y empoderados, que se atrevan a cumplir con la premisa que aprendieron en sus universidades: dar a cada persona lo que le corresponde, respetando la verdad.
