Criminalizar los barrios populares es una reacción y medida fácil.
Como las autoridades centrales y sociales han fracasado en sus programas de prevención, cuando la cosa se pone caliente solo saben llevar tongos y fronterizos a las veredas y calles para apaciguar la guerra de las pandillas.
Lo que se pone de manifiesto con esto es una crisis social que está en las familias panameñas y ante la falta de programas sostenibles de oportunidades para los jóvenes, estos han visto en las pandillas, muchas de ellas patrocinadas por políticos y ex comisionados, una forma de vida y de hacer dinero con los diferentes delitos que cometen.
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Por eso, la reacción momentánea de los retenes y cercos en San Miguelito no ha frenado ni va a frenar los homicidios.
Debe haber un plan integral para que a los barrios no solo entren los pandilleros, sus padrinos y los policías, sino que el Estado se haga presente con sus entidades (cultura, educación, entretenimiento) y las personas y familias no sean vistas solo como un objeto político o dependiente de un bono, sino con derechos y oportunidades dignas.
