El transporte en todo el país debe ser un servicio público, pero está en manos de políticos y de personas allegadas al poder y esto queda en evidencia una vez más cuando un salvaje chofer de Burunga golpeó a un pasajero que se negaba a pagarle un aumento injusto y arbitrario.
El humilde pasajero sigue hospitalizado en el Santo Tomás y su familia solo pide justicia. A las autoridades del Tránsito no les quedará de otra que quitarle el certificado de operación a la dueña porque el chofer es un simple palanca que trabaja para otra persona, cuando eso nunca fue el propósito del transporte colectivo y selectivo.
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Es decir, un certificado del Estado es explotado por particulares que ni siquiera se dan a la tarea de capacitar y contratar a personas serias y responsables para transportar personas en las diversas rutas del país. Ellos son expertos en regatas, manejan como si llevaran ganado y no ha habido manera de ponerles orden.
Es la oportunidad para que el Tránsito aplique la ley, se haga respetar y una vez en su vida defienda al usuario, el más débil en el negocio del transporte.
