Las bofetadas contra los ciudadanos y la transparencia son constantes en Panamá. Un escándalo tapa otro.
Y una prueba de ello es cómo la Corte Suprema de Justicia, una vez más, hace gala de la prueba idónea y libera de responsabilidad al exdiputado del PRD y actualmente diputado del Parlacen, Rubén De León, por el uso millonario de la planilla cuando presidió en dos ocasiones la Asamblea Nacional.
Ya los magistrados son predecibles. No investigan a los diputados y los políticos de los diferentes partidos les archivan sus denuncias en la Comisión de Credenciales.
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Este juega vivo es descarado e insostenible, pero solo puede acabarse con una reforma constitucional, de la que ya nadie se acuerda porque la pandemia de la covid-19 y la recuperación económica son las prioridades del momento.
Si las reglas del juego no se cambian, casos como los de De León, Mario Lazarus (investigado por homicidio culposo) y Arquesio Arias (investigado por supuesta violación sexual) serán cosa de todos los días porque diputados y magistrados de la Corte se protegen entre ellos. ¿Algo nos sorprende?
