El anuncio de que jueces y magistrados podrían jubilarse con hasta el 100 % de sus salarios encendió las alarmas en el Órgano Ejecutivo y en la Contraloría General de la República. La medida, aprobada mediante el Acuerdo N.° 407 del 18 de julio de 2024 por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), incluye también a jueces municipales y de circuito.
El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, fue tajante: el incremento no refleja el mensaje de austeridad que Panamá quiere proyectar. “Le envié un mensaje respetuoso a la Corte Suprema y al Tribunal Electoral para que reconsideren tanto el aumento de salarios como las jubilaciones especiales”, afirmó.
La polémica creció cuando se supo que los magistrados del Tribunal Electoral aprobaron equiparar sus salarios con los de la CSJ, llegando a B/. 14,000.00 mensuales.
El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, calificó la decisión como una señal de desigualdad que “tomó por sorpresa” al Ejecutivo, aunque admitió que legalmente tienen poco margen de acción.
Más duro fue el contralor Anel Flores, quien anunció que prepara demandas de inconstitucionalidad: “Espero que reflexionen y tomen conciencia del daño que le hacen a la economía de muchos panameños. Ese dinero podría destinarse a tantas cosas que necesita el pueblo. Créanme que este contralor va a hacer todo lo posible para detener esos abusos”.
En la calle, el comentario es claro: mientras el pueblo aprieta el cinturón, algunos quieren jubilarse con el bolsillo lleno.
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