El segundo debate del proyecto de ley 443, que establece la mezcla obligatoria de gasolina con etanol en Panamá, se reanudó este jueves 23 de abril en medio de fuertes cruces entre diputados y cuestionamientos sobre su impacto económico y ambiental.
El diputado Luis Eduardo Camacho, del partido Realizando Metas (RM), defendió la propuesta del Ejecutivo y calificó como “políticas” las críticas de quienes se oponen. Recordó que la obligatoriedad del etanol no es nueva, ya que fue aprobada desde 2011 y modificada por última vez en 2023.
Durante su intervención, Camacho también respondió a los señalamientos sobre posibles intereses detrás del proyecto. “Digamos las cosas como son, porque aquí incluso se quiere atacar la propuesta del Gobierno diciendo que este es un negocio que se inventó para mi amigo, porque es mi amigo, yo no lo niego, el contralor de la República, Bolo Flores”, afirmó en el pleno, al rechazar que la iniciativa responda a un negocio particular.
La discusión se intensificó con la presentación de dos informes de minoría impulsados por diputados de las bancadas Vamos y Seguimos, entre ellos Alexandra Brenes, Jorge González, Jhonathan Vega y Ernesto Cedeño. Ambos documentos cuestionaban la viabilidad del proyecto y advertían que la medida podría afectar la libre competencia, encarecer el combustible y carecer de estudios técnicos concluyentes.
Desde el enfoque ambiental, el diputado Lenín Ulate criticó que el proyecto aprobado en primer debate no incorporó recomendaciones del Ministerio de Ambiente, que advirtió la ausencia de criterios mínimos obligatorios de sostenibilidad.
En contraste, el diputado José Luis “Popi” Varela, del Partido Panameñista, respaldó la iniciativa y pidió rechazar los informes de minoría, calificando como “cobardía” evitar la discusión del proyecto.
El tono subió aún más con la intervención del diputado Jhonathan Vega, quien denunció que la propuesta sería “un negocio para cuatro bellacos” y cuestionó la imposición obligatoria del etanol. “Si es tan bueno, ¿por qué tiene que ser obligatorio?”, lanzó.
A estas críticas se sumó el diputado José Pérez Barboni, quien calificó el proyecto como intervencionista y aseguró que limita la competencia y el desarrollo rural.
Uno de los puntos más sensibles gira en torno a las empresas que podrían beneficiarse. Se mencionaron cuatro ingenios azucareros: Central Azucarera La Estrella, Azucarera Nacional, Central Azucarero La Victoria y Central Azucarero Alanje, este último vinculado a la familia del contralor Anel Flores.
Tras varias horas de discusión, la Asamblea Nacional rechazó ambos informes de minoría con 40 votos en contra, 19 a favor y dos abstenciones, lo que despeja el camino para que el proyecto continúe su trámite legislativo.
