Hace un año, la Corte Suprema de Justicia de Panamá emitió un histórico fallo que declaró la inconstitucionalidad del contrato de concesión minera entre el Estado panameño y la Sociedad Minera Panamá S.A. Este fallo, que despojó a la empresa de su derecho para operar la mina en Donoso, fue un golpe a la industria minera que muchos esperaban significara un cambio en la gestión ambiental y social del proyecto. Sin embargo, un año después, la situación sigue siendo motivo de alarma. La falta de inspecciones formales por parte del Ministerio de Ambiente desde 2022 ha dejado a las comunidades afectadas, especialmente en Donoso y Omar Torrijos, con serias dudas sobre la verdadera magnitud de los daños que ha provocado la operación minera.
En un foro celebrado el 26 de noviembre, expertos de la Alianza Mundial de Derecho Ambiental presentaron un informe alarmante sobre los riesgos y daños ambientales que persisten en la zona, incluyendo la falla de los muros de contención de los relaves y la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas. Los hallazgos fueron respaldados por documentos oficiales y datos de monitoreo entregados por la misma empresa minera. A pesar de esta evidencia, el gobierno ha seguido postergando una respuesta clara. El presidente de la República, Laurentino Cortizo, ha señalado que el tema se atenderá “el próximo año”, lo que ha generado frustración entre los ciudadanos y organizaciones locales que exigen un compromiso inmediato para garantizar la seguridad ambiental y social.
Las comunidades afectadas, organizadas a través de diversas agrupaciones locales, han enviado cartas al Ministro de Ambiente solicitando respuestas urgentes. En ellas, reclaman que se respeten los principios del Acuerdo de Escazú, que garantiza la participación ciudadana en las decisiones que afectan al ambiente. Además, señalan que no puede depender únicamente de la información proporcionada por la propia empresa minera, ya que los riesgos continúan latentes, y las autoridades deben asumir su responsabilidad para asegurar que los procesos de cierre de la mina se lleven a cabo de manera transparente y conforme a la ley.
La concesión minera ha sido uno de los temas más conflictivos en Panamá desde su firma, y las protestas en 2017 fueron el reflejo de la indignación popular ante un contrato que muchos consideraron como un acuerdo leonino, que beneficiaba a la empresa a costa del bienestar ambiental y social del país. Aquel rechazo fue seguido por una serie de manifestaciones masivas en las que la ciudadanía demandó mayor control estatal sobre los recursos naturales. Ahora, la preocupación es que lo sucedido con la minería pueda repetirse con las reformas a la Caja de Seguro Social (CSS), cuyos detalles han generado incertidumbre sobre si se priorizarán los intereses de la población o los de grandes sectores privados. A medida que las comunidades continúan luchando por su derecho a un ambiente sano, el gobierno tiene la oportunidad de demostrar si realmente está dispuesto a corregir los errores del pasado y cumplir con los fallos judiciales.
