Marcela Galindo De Obarrio, actual presidente de la Cámara De Comercio Industrias y Agricultura De Panamá (CCIAP), ha considerado prudente este domingo que se recupere el derecho al libre tránsito que tenemos todos los ciudadanos.
En su artículo de opinión, Galindo recomendó una total presencia de las partes involucradas en la mesa única de diálogo por Panamá “para poder hacer cambios verdaderos”.
“Si cuatro de los ocho puntos acordados entre el mediador y los manifestantes deben ser ejecutados por el sector empresarial, es necesario que este participe de la negociación en la mesa”, dijo en defensa de su gremio.
A pesar que se trata de una negociación frente al ministros y viceministros, Galindo dijo que no es el gobierno quien tiene el total conocimiento del impacto que hay en las exigencias de distintos grupos sentados en la mesa.
“Los actuales participantes han presentado planteamientos para negociar con el Gobierno; no obstante, no es éste quien cuenta con la información pertinente para tomar decisiones con respecto a acciones que debe ejecutar el sector privado”, opinó.
“Cualquier pacto desarrollado sobre la base de información poco ejecutable por el sector productivo solo alimentaría la frustración y la desconfianza ciudadana”, añadió.
Galindo enfatizó en las pérdidas que representa tener trancado el país por días y semanas.
“Es incalculable el alto impacto económico que está ocasionando al sector agropecuario, comercial y productivo, el bloqueo sufrido en las últimas semanas, al no poder trasladar sus productos a otros sectores del país”, argumentó. “Especialmente, el sector primario, que no pudieron entregar y por lo tanto vender sus cosechas y siembras ya comprometidas, limitando sus ingresos inmediatos, afectando directamente su capacidad de invertir para futuros cultivos”.
Para Galindo los diferentes sectores de la empresa privada tienen que poder analizar de primera mano las propuestas en la mesa.
“No se puede continuar debilitando más a los micro y pequeños productores y empresarios, quienes generan cerca del 60% de los empleos; es decir, más de 475 mil personas a nivel nacional cuya sustentabilidad ya se encuentra en peligro”, expresó.
“Posiciones e intereses particulares no tienen cabida en un diálogo de esta magnitud”, concluyó.
