La Caja de Seguro Social (CSS) ha aprobado un traslado de partidas por $603 millones para pagar los servicios de tres peritos que participan en el proceso judicial derivado de la demanda por el envenenamiento masivo con dietilenglicol. Este caso, que involucra medicamentos adulterados distribuidos por las farmacias de la CSS en 2006, está siendo tratado actualmente en la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia.
¿A quién beneficia este pago millonario?
De acuerdo con los documentos que se presentarán ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional el martes 12 de noviembre, el pago a los peritos incluye un psiquiatra, un contador público y un psicólogo. Cada uno de estos profesionales cobra $4,500 por paciente, lo que ha levantado sospechas sobre la justificación de tales honorarios.
La psiquiatra atenderá a 85 pacientes, sumando un total de $382,500.
El contador se encargará de 25 casos, lo que resultará en $112,500.
El psicólogo evaluará a 24 pacientes, con un total de $108,000.
¿El negocio del año?
Para muchos, estos honorarios parecen exorbitantes. Un abogado involucrado en las demandas contra la CSS calificó como “desproporcionado” el pago de $4,500 por cada peritaje, señalando que en otros casos similares el costo máximo por peritaje ha sido de $1,500. En países como España, los honorarios judiciales varían entre 300 y 2.000 euros, dependiendo del caso, lo que genera aún más dudas sobre la transparencia y razonabilidad de los pagos en Panamá.
El dinero destinado para los peritajes proviene del rubro “servicios médicos en el país”, y la gestión fue aprobada por la junta directiva de la CSS el 10 de septiembre pasado, bajo la dirección de Enrique Lau Cortés.
Un caso con implicaciones mayores
Este proceso judicial es solo la punta del iceberg. Desde 2006, el envenenamiento masivo por dietilenglicol ha afectado a millas de panameños, y el número de personas afectadas podría ser mucho mayor que el de las demandas en trámite. En 2017, se produjo la primera condena contra el Estado por este caso, y desde entonces más de 400 demandas han sido interpuestas.
Mientras tanto, la CSS está en el centro de la atención pública debido a los cambios propuestos en el sistema de pensiones, con reformas que buscan salvar la entidad. Sin embargo, la asignación de estos millonarios pagos a peritos, en un caso tan controvertido, ha generado críticas por la falta de claridad en los costos y la posibilidad de que se esté manejando como “el negocio del siglo”.
La controversia sobre los pagos se suma a una creciente ola de desconfianza hacia las instituciones del Estado, que ahora se enfrentan a un delicado equilibrio entre las reformas necesarias y la transparencia en el manejo de los fondos públicos.
