La realidad no es nueva en Panamá. Han ejecutado a tiros a exdiputados, políticos han caído con drogas y ahora la nueva modalidad es que a los capos y sus compinches los nombran en la Asamblea, alcadías y juntas comunales para que pueden lavar el dinero.
Como Panamá es chiquito, muchos expresidentes y exministros hablan del problema, pero nadie ha enfrentado el tema con firmeza ni ha dado los nombres sin miedo. Lo que hacen los políticos hasta ahora es embarrar a sus adversarios y hacer ver que en todos los partidos hay narcos, pero nadie hace nada de raíz.
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La amenaza es demasiado seria para que quede en señalamientos sin pruebas o en hechos que nunca se esclarecen sabiendo que no hay muerto malo. Lo que se necesita es que toda la sociedad le cierre las puertas al crimen organizado y este no pueda financiar nuestra democracia porque nos convertiríamos en un narcoestado.
Mientras no se den los nombres ni se hagan las investigaciones rigurosas, los sospechos de diferentes partidos seguirán en sus puestos financiados por capos y pandilleros con un ejército de escoltas, en el país con leyes electorales que permiten la impunidad.
