Desde Penonomé, en la provincia de Coclé, el presidente de la República, José Raúl Mulino, volvió a enviar un mensaje directo al Gobierno de China al reiterar que el Órgano Ejecutivo panameño no interviene en las decisiones del sistema judicial ni en los tribunales de justicia del país.
El pronunciamiento se dio este jueves 5 de febrero, durante su conferencia de prensa semanal, luego de los cuestionamientos emitidos por autoridades chinas y de Hong Kong tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato de concesión entre el Estado panameño y Panama Ports Company (PPC), operadora de los puertos de Balboa y Cristóbal.
Mulino subrayó que su administración respeta plenamente la separación de poderes y las decisiones del Órgano Judicial, y afirmó que no entrará en confrontaciones innecesarias sobre el tema. “El Órgano Ejecutivo panameño no interfiere en la justicia ni en los tribunales de justicia de nuestro país”, insistió el mandatario.
El presidente también marcó distancia entre el modelo político panameño y el chino, al señalar que existe una diferencia clara entre una economía dirigida por el Comité Central del Partido Comunista de China y una institucionalidad democrática como la que rige en Panamá.
“Hay una gran diferencia entre una economía regida por el Comité Central del Partido Comunista chino y una institucionalidad democrática que es la que rige en Panamá. La decisión de la Corte es única, es definitiva, es final y toca acatarla”, afirmó el mandatario.
En relación con el proceso que se abre tras el fallo judicial, Mulino calificó como delicada y trascendental la transición de los puertos que hasta ahora administra PPC hacia un nuevo esquema bajo control panameño. Aclaró que la empresa tiene el derecho de recurrir a instancias de arbitraje internacional, al igual que el Estado panameño tiene la facultad de defenderse.
El mandatario rechazó señalamientos de hostigamiento contra la compañía, asegurando que Panamá no ha emprendido ninguna persecución contra la empresa. “Eso es totalmente falso”, afirmó.
El pasado 29 de enero, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contrato de concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal, operados por Panama Ports Company, subsidiaria del consorcio hongkonés CK Hutchison, decisión que ha generado reacciones a nivel internacional y ha reabierto el debate sobre la soberanía portuaria del país.
