Luego que el Ministerio de Gobierno publicara en el portal de Panamá Compra la cancelación a la empresa IBT Grup del contrato para el estudio, diseño, construcción y equipamiento del nuevo centro femenino de rehabilitación en Panamá Este, esta respondió.
A través de una nota de prensa emitida este jueves 30 de enero, IBT Group explica que desde el inicio de la obra, y luego de las constataciones en campo, se puso de manifiesto la necesidad del cambio de la ubicación de la parcela del proyecto por razón de que en la ubicación original no se podía construir por prohibición expresa de la ley 1 de 3 de febrero de 1994 (por contar con cuerpos de agua).
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Agrega que el comunicado que ellos propusieron tres terrenos alternativos y ninguno de ellos fue aceptado por el cliente (Ministerio de Gobierno -Mingob-), quien propuso un cuarto en el que debía desarrollarse la obra. Sin embargo, y según IBT, dicho terreno impuesto acarrea ciertos costes, por tener un arroyo que hay que desviar, y que el Mingob se niega a reembolsar, a pesar de que instó a la empresa de buena fe a que comience los trabajos mientras se resuelve la situación y para aprovechar la época seca.
El Mingob denuncia que tiene un lento avance.Al emitir la resolución N°011-R-006 del 16 de enero de 2020, en la cual se deja son efecto el contrato de 27.6 millones de dólares, el Ministerio de Gobierno alegó una serie de incumplimientos, entre ellos, que en 25 meses de ejecución del proyecto no se ha presentado un cronograma de trabajo, además de que las obras solo muestran un 35% de avances, cuando deberían de estar en un 78%.
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Pero el contratista tiene sus alegaciones. Expone, por ejemplo, que la ubicación actual no cuenta con respaldo contractual, toda vez que la ubicación contenida en el pliego de cargos (que forma parte del contrato) es distinta a aquella en que se ejecutan las labores constructivas. Además de que el Mingob les pidió modificar y ampliar 24 de los 31 edificios con respecto al pliego de cargos y la oferta adjudicada tras cuatro meses de negociaciones de definición del proyecto.
La obra se inició en el periodo del exministro Carlos Rubio.“Estos cambios solicitados hace dos años aún no han sido reconocidos contractualmente para su correspondiente cobro. La ingeniería encargada del diseño requiere un tiempo adicional para adaptar el proyecto y también se pide que el municipio apruebe dichos planos como requisito previo para iniciar con la construcción de la infraestructura; esto último es contrario al método constructivo “Fast Track” pactado por las partes en el contrato, mismo que consiste fundamentalmente en que el proceso constructivo se puede ir realizando de forma paralela al desarrollo de los planos e iniciar el proceso de construcción de forma casi simultánea...”.
Agrega que estas peticiones del contratante no están documentadas, lo que impide al consorcio Cefere Panamá (del que IBT Group forma parte) poder cobrarlas. “Es irreal pensar que las empresas y los trabajadores pueden hacer los proyectos sin cobrar.
Según el contrato, se tiene que generar una cuenta de avance por mes y la empresa solo cuenta con 8 cuentas de las 24 que debería tener y de esas 8 solo se han pagado 5. Esta situación se ve agravada ya que, desde la fecha de la presentación de estas, han transcurrido mucho más de los 90 días establecidos en la cláusula octava del Contrato como plazo de pago luego de aprobada la cuenta de avance”, expone el consorcio.
De la misma forma se queja de una serie de actuaciones por parte del Mingob que ha derivado en la cancelación del contrato y la inhabilitación a las empresas que conforman el consorcio Cefere Panamá.
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Por ello recuerdan lo expresado por el presidente Laurentino Cortizo que en su discurso de informa a la Nación el pasado 2 de enero expuso que más de 130 proyectos se encuentran paralizados por falta de asignación presupuestaria, siendo este proyecto uno de ellos.
“Si el proyecto se encuentra sin fondos, y la empresa, que al final somos un grupo de trabajadores, no tenemos perspectiva de cobrar lo adeudado y tampoco de cobrar el trabajo a realizar a futuro, cómo entonces el Ministerio expresa su intención de cancelar el contrato alegando incumplimiento bloqueando el proyecto y provocando el arranque de un largo proceso legal”, se preguntan.
Las diferencias han aflorado bajo la administración del ministro Romero.Al mismo tiempo, recomiendan que si el Ministerio está incumpliendo, en lugar de pedir la cancelación del contrato lo que debería pedir es la suspensión de las obligaciones de las partes mientras se obtiene la partida presupuestaria necesaria o se encuentra el financiamiento necesario y establecer una mesa de trabajo para documentar contractualmente el alcance real del proyecto.
Finalmente, añaden que IBT se encuentra en total disposición de apoyar en la obtención de las soluciones financieras y técnicas para que el Ministerio encargado cuente con los recursos necesarios para llevar a buen término el Nuevo Centro Femenino de Rehabilitación y demás proyectos en curso.
