La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) rechaza el Proyecto de Ley 508 “que establece medidas en materia educativa en los centros educativos a nivel nacional, se modifica algunos artículos de la Ley 47 de 1946, Orgánica de Educación, y se dictan otras disposiciones” dado que viola la seguridad y certeza jurídica de la inversión privada.
Además, tal y como se ha propuesto en ocasiones anteriores, el gremio empresarial insiste en que el Estado debe ofrecer apoyo económico a los padres de familia de estudiantes que presenten la necesidad dada la disminución de los ingresos, la suspensión de los contratos o la falta de empleo.
El proyecto 508 fue aprobado en tercer debate por unanimidad y establece medidas en los centros educativos a nivel nacional y en universidades, y se modifican algunos artículos de la Ley 47 de 1946, Orgánica de Educación. Se incorpora la educación a distancia bajo la modalidad virtual a nivel nacional, así como establece disposiciones temporales en caso de emergencia social.
La normativa aplica el ajuste por los servicios prestados a los usuarios de los centros educativos y universidades particulares, dependiendo del número de estudiantes.
Los padres de familia se quejaron de algunas medidas que impusieron los colegios al estar morosos con la mensualidad. Está prohibidoLos empresarios adujeron que en el año 2020 vieron en la necesidad de adaptarse en tiempo récord a la modalidad virtual con las inversiones que esta exige en cuanto a softwares y en materia de ciberseguridad, cumpliendo en gran parte con su propuesta de educación para con sus estudiantes, ofrecieron alivios financieros a los acudientes que así lo necesitaban. “Mientras que el Estado no brindó auxilio alguno a los acudientes en necesidad producto de la crisis económica causada por las medidas impuestas por las autoridades,” indicó Jean-Pierre Leignadier, presidente de la Cámara de Comercio.
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La CCIAP considera que, de convertirse en Ley, se limitarán las ofertas educativas con costos asequibles, lo que redundará en menos opciones para el padre de familia, el cual deberá optar por el sistema educativo oficial; que ya enfrenta limitaciones importantes de cara a atender la actual población estudiantil.
Por otra parte, el gremio coincide con la Unión de Centros Educativos Particulares (UNCEP) en que el proyecto de ley carece de un estudio técnico, que considere la estructura y características de un colegio; mientras que, atenta contra su capacidad operativa y sostenibilidad.
En la Comisión de Educación, Cultura y Deporte también discute otras propuestas relacionadas a la conectividad y para que los estudiantes que quieran migrar de los centros escolares particulares a los oficiales puedan hacerlo sin presentar los créditos.
