El proceso electoral de Panamá, que se llevará a cabo en mayo, está protegido por el papel y la participación de la sociedad civil, que es la encargada de contar los votos y proclamar a los ganadores.
Esto proporciona al sistema un alto grado de transparencia y deja poco espacio para irregularidades, según Nivia Castrellón, presidenta de la Junta Nacional de Escrutinio (JNE).
Más de 3 millones de panameños están habilitados para votar el 5 de mayo y elegir al presidente, vicepresidente, 20 diputados al Parlamento Centroamericano (Parlacen), 71 diputados a la Asamblea Nacional, 81 alcaldes, 701 representantes de corregimiento y 11 concejales, todos con sus respectivos suplentes.
La campaña ha estado llena de ataques a las autoridades electorales y sospechas sobre el respeto a la voluntad popular. Panamá enfrenta una de las elecciones más complicadas de su joven democracia con 8 candidatos presidenciales polarizando el voto en un clima de partidos desprestigiados y una clase política asediada por escándalos de corrupción.
En Panamá, ningún funcionario proclama al ganador de un cargo de elección, lo hace la sociedad civil. La Junta Nacional de Escrutinio (JNE) está conformada por nueve miembros que trabajan ad honorem, no tienen filiación política y no pertenecen al Tribunal Electoral (TE), que es el ente que organiza los comicios.
Una de las fortalezas del proceso electoral panameño es que es “absolutamente redundante”, es decir, que cuenta con miles de “actas que son compartidas con muchísimos actores”, incluidos los representantes de los partidos políticos. Esto contribuye a la transparencia del proceso y cierra el espacio a cualquier duda sobre los resultados.
