La mañana del próximo 3 de julio del 2023, se realizará la diligencia de reconstrucción del fatal accidente de tránsito ocurrido el 15 de febrero del 2023, en Los Planes, distrito de Gualaca, en la provincia de Chiriquí, que cobró la vida de 40 personas y dejó una veintena de heridos.
El caso, uno de los accidentes que ha cobrado más vidas en la historia panameña, continúa en investigación y se espera que para ese día esté listo el peritaje de accidentología por parte del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses que determinará si el autobús con placa 5B-46 de la ruta Panamá – Darién sufrió un desperfecto mecánico.
Se espera que ese día los sobrevivientes narren la secuencia de los hechos.
Destrucción de pertenencias
La Fiscalía Regional de Chiriquí, a través de la Personería de Gualaca, el pasado 8 de junio realizó audiencia de solicitud para la disposición de algunas evidencias de las víctimas de este accidente.
La fiscal María Eugenia Batista indicó que se trata de pertenencias personales, maletas, vestimentas, cargadores de celulares, artículos de aseo y otros. Igualmente, ante la petición de la Fiscalía, el Tribunal de Garantías accedió a que el dinero ubicado sea depositado en la cuenta destinada para ello por el Estado.
Asimismo, respecto a los documentos de identificación, pasaportes, cédulas, carnets y algún otro de esta naturaleza, serán entregados en las misiones consulares a través de la Fiscalía de Asuntos Internacionales para su respectiva custodia.
Indicó que se trata de más de 60 evidencias que se mantenían en custodia de la Fiscalía desde el día de los hechos.
Señaló que en su momento las demás pertenencias que fueron ubicadas se entregaron en su momento a los familiares que así lo solicitaron.
Artículo 255
Según el Código Procesal Penal, en su artículo 255 de disposición de evidencia, explica que en cualquier fase del proceso, la Fiscalía, la defensa o el querellante podrán solicitar al Juez de Garantías o al Juez de la causa, según sea el caso, la destrucción de las evidencias aprehendidas en caso de que se trate de bienes perecederos, que atenten o sean peligrosos para la salud pública, la vida y la integridad de las personas o el medio ambiente o que, por sus volúmenes o naturaleza, representen un peligro para la seguridad o que su mantenimiento y custodia resulten onerosos.
