Engavetadas las denuncias contra el presidente Mulino y magistrados de la Corte Suprema

La Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional de Panamá, presidida por la diputada Shirley Castañeda, decidió archivar ocho expedientes que contenían denuncias y querellas penales contra altos funcionarios del país. Entre los casos desestimados, cuatro estaban dirigidos contra el presidente de la República, José Raúl Mulino, mientras que otros dos involucraban a la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), María Eugenia López. Los restantes expedientes correspondían a los magistrados Olmedo Arrocha y María Cristina Chen.

Las decisiones se tomaron tras un análisis exhaustivo, concluyendo que no había suficientes elementos probatorios para continuar con las investigaciones. Las diputadas Alexandra Brenes y Janine Prado, integrantes de la Comisión, explicaron que las decisiones se basaron en derecho y que aún quedan tres expedientes pendientes de revisión, algunos de los cuales fueron presentados recientemente.

Las denuncias contra la magistrada presidenta María Eugenia López fueron interpuestas por los abogados del expresidente Ricardo Martinelli, quien actualmente se encuentra asilado en la embajada de Nicaragua en Panamá. Estas denuncias, relacionadas con presuntos casos de abuso de autoridad, no prosperaron.

Durante la misma sesión, la Comisión recomendó al pleno la ratificación de Carmen Elena Tapia Díaz como subdirectora general técnica de la Autoridad Nacional de Aduanas. También se recomendó a Roberto José Chamorro Sánchez como suplente en la junta directiva de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP). Sin embargo, no se avaló el nombramiento de Javier Visuetti González para la acuicultura agremiada.

Con estas decisiones, la Asamblea Nacional cierra momentáneamente el debate sobre las denuncias contra altos funcionarios, en un contexto de expectativa política y cuestionamientos sobre la transparencia del proceso.