Las tres figuras clave del Tribunal Electoral (TE) en la provincia de Bocas del Toro se encuentran en el ojo del huracán luego de revelarse que fueron beneficiarios de auxilios económicos otorgados por el Instituto para la Formación y el Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu).
Aldo Alberto Ford Downer, director de Cedulación; Ronald Gómez Santamaría, director de Registro Civil; y David Beker Quiroz, director regional, son los nombres en cuestión.
Ford Downer y Gómez Santamaría recibieron auxilios de $12 mil cada uno, con trámites que sorprenden por su rapidez. Los documentos de Ford Downer, por ejemplo, ingresaron a la Contraloría General de la República el 16 de marzo de 2022 y se refrendaron el día 22 del mismo mes, todo en apenas seis días. Gómez Santamaría, por su parte, vio su ayuda refrendada en tan solo cinco días, con un trámite similar.
En cambio, Beker Quiroz obtuvo un monto mayor: $22,080. Su proceso se inició el 19 de noviembre de 2019 y fue refrendado el 17 de diciembre del mismo año.
Las conexiones políticas también salen a relucir, ya que se rumorea que estos funcionarios podrían ser allegados al diputado Benicio Robinson, líder del gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD) y con fuerte influencia en la provincia.
Este escándalo arroja luz sobre posibles conflictos de interés y plantea interrogantes sobre la transparencia y ética en las instituciones gubernamentales de la región.
