La Autoridad Nacional de Descentralización (AND) ha destapado una bomba de denuncias: ya suman 54 las juntas comunales investigadas por presunto mal uso de los fondos de la llamada “descentralización paralela”, una estrategia de financiamiento local que ha dejado tras de sí más dudas que respuestas. En total, estamos hablando de $320 millones repartidos entre proyectos locales, pero... ¿dónde quedó el dinero?
La mayoría de las denuncias apunta a juntas comunales controladas por el Partido Revolucionario Democrático (PRD) durante 2020 a 2024, lo que ha puesto la lupa sobre la transparencia de sus gestiones. Sin embargo, curiosamente, varias de las juntas comunales que manejan los mayores presupuestos ni siquiera figuran en la lista negra de la AND.
Por ejemplo, la junta comunal de Barrio Norte, en Colón, que recibió la jugosa suma de $14.1 millones bajo la representación de Jairo “Bolota” Salazar, también diputado del PRD, no ha sido tocada hasta el momento.
En Bocas del Toro, la junta comunal de Changuinola recibió $6 millones, y su representante, José de La Lastra, también del PRD, cuenta con el apoyo del poderoso diputado Benicio Robinson. Mientras tanto, en San Miguelito, la junta de Belisario Porras, con $6.6 millones, sí ha sido denunciada, aunque su representante, César Caballero, falleció el año pasado. Raúl Pineda, el diputado PRD con influencia en esa área, también está en el radar.
La lista de juntas comunales investigadas sigue creciendo. Otras que manejan sumas significativas y han sido denunciadas incluyen a Amelia Denis de Icaza, en San Miguelito, y Ancón, en Panamá, que recibieron $4 millones y $3.9 millones, respectivamente. La AND también ha presentado nuevas denuncias contra las juntas de San Francisco, Pacora y Ernesto Córdoba Campos, en el distrito de Panamá.
Carlos Pérez Herrera y Rubén Medina, ediles de San Francisco y Ernesto Córdoba, quedaron fuera en las últimas elecciones, mientras que Hugo Henríquez, de Pacora, logró su reelección.
Carlos Pérez Herrera, exrepresentante de San Francisco, aseguró que “todo está sustentado” y que la Contraloría podría confirmarlo. Javier Sucre, quien encabezó la junta comunal de Juan Díaz con un presupuesto de $3.3 millones y actualmente es diputado PRD, también se defendió. Según él, los fondos fueron usados de manera transparente en proyectos de infraestructura. Pero, ¿serán suficientes sus palabras para calmar las dudas de la ciudadanía?
El presidente Raúl Mulino dio un ultimátum el 15 de agosto, instalando a las 754 juntas comunales y municipios para presentar informes detallados en un plazo de 60 días. Las consecuencias son claras: aquellos que no puedan justificar sus gastos podrían enfrentar sanciones legales y administrativas.
El escándalo de la descentralización paralela sigue escalando. Y aunque muchos ediles guardan silencio, otros intentan defenderse. ¿Será suficiente para despejar la tormenta de dudas que se cierra sobre la descentralización?
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