La Embajada de Estados Unidos en Panamá expresó su beneplácito tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato de concesión otorgado a Panama Ports Company (PPC), subsidiaria del conglomerado hongkonés CK Hutchison, para operar los puertos de Balboa y Cristóbal.
En un comunicado oficial, la sede diplomática estadounidense, encabezada por el embajador Kevin Marino Cabrera, subrayó que la decisión judicial “reafirma enérgicamente el Estado de derecho” en el país. Según el pronunciamiento, el fallo confirma que el Órgano Judicial panameño actúa de manera independiente y garantiza el cumplimiento de la ley, la transparencia y las obligaciones de interés público, exigiendo a los operadores privados rendición de cuentas.
La Embajada también resaltó que la resolución fortalece tanto la seguridad nacional de Panamá como su clima de inversión, al promover la previsibilidad, la imparcialidad y la confianza en el marco legal. Asimismo, señaló que el fallo abre la puerta a revisar la gobernabilidad portuaria y a impulsar procesos transparentes y competitivos que atraigan inversiones de clase mundial, generadoras de innovación, eficiencia y empleos de calidad, y que consoliden a Panamá como centro logístico líder.
El contexto del fallo se da en medio de tensiones geopolíticas. Desde su regreso a la Casa Blanca, el presidente estadounidense Donald Trump ha cuestionado la influencia china en Panamá y la presencia del consorcio hongkonés en los puertos ubicados en ambos extremos del Canal. En la misma línea, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, celebró la decisión de la Corte panameña y afirmó en la red X que su país se siente alentado por la declaratoria de inconstitucionalidad de las concesiones.
Rubio ya había puesto el tema sobre la mesa durante su visita a Panamá en febrero del año pasado, cuando se reunió con el presidente José Raúl Mulino, quien prometió una auditoría sobre las concesiones relacionadas con el Canal.
La Corte Suprema declaró inconstitucional el contrato entre el Estado panameño y PPC, empresa que desde 1997 operaba los puertos de Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico. El año pasado, CK Hutchison acordó traspasar la concesión a un consorcio liderado por el gestor de activos estadounidense BlackRock, pero la transacción se vio frenada por China en medio de la pugna geopolítica con Washington.
El contralor general, Anel Flores, presentó el pasado 30 de julio dos demandas ante la Corte Suprema contra la concesión, apoyadas en una auditoría que detectó “numerosas irregularidades” en el contrato.
Por su parte, Panamá ha reiterado que ningún país interfiere en la administración del Canal y ha subrayado que la soberanía sobre la vía interoceánica no está en discusión. “Es y seguirá siendo panameña”, ha afirmado el presidente Mulino en distintas ocasiones.
